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Se trata de una disposición contractual incluida en algunos contratos de préstamo hipotecario a tipo variable, que establece un límite mínimo al tipo de interés aplicable. Esto significa que, aunque el índice de referencia (como el Euríbor) baje por debajo de ese límite, el interés del préstamo no podrá reducirse más allá del «suelo» fijado, lo que beneficia a las entidades financieras, pero perjudica al consumidor, limitando la reducción de sus cuotas hipotecarias.
Ejemplo: Si se establece una cláusula suelo del 3% y el Euríbor baja al 1%, el interés del préstamo seguirá siendo del 3%.
Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RDL 1/2007): Prohíbe cláusulas abusivas que generen un desequilibrio significativo en perjuicio del consumidor
Directiva 93/13/CEE del Consejo Europeo: Establece normas sobre cláusulas abusivas en contratos con consumidores
El Tribunal Supremo y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) han subrayado que, para ser válidas, las cláusulas suelo deben cumplir con los principios de transparencia. Esto implica que el consumidor debe haber sido informado claramente sobre:
Sentencia del Tribunal Supremo 241/2013, de 9 de mayo, declaró nulas las cláusulas suelo en contratos con consumidores cuando no cumplan con los requisitos de transparencia, aunque no se cuestiona su validez si han sido negociadas y explicadas correctamente
Sentencia del TJUE de 21 de diciembre de 2016, determinó que las cláusulas suelo abusivas deben declararse nulas desde el inicio del contrato, y el consumidor tiene derecho a la restitución total de las cantidades cobradas de más
Sentencia del Tribunal Supremo 168/2020, de 9 de marzo, subrayó que incluso si se ha negociado la cláusula suelo, sigue siendo obligatorio que cumpla los estándares de transparencia
TJUE, 16 de julio de 2020, amplió el derecho de los consumidores a reclamar, incluso en acuerdos posteriores donde se renunció a litigios futuros, si no fueron plenamente informados
Tribunal Supremo, 2021: Confirmó que el deber de restitución incluye los intereses legales desde el momento del cobro indebido
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